Josefa Hernández y Miguel Ángel Ramírez (o el encarcelamiento de la pobreza)

Cuando escribo estas líneas Josefa Hernández, una abuela majorera (en Canarias denominamos así al natural de la isla de Fuerteventura) de 63 años, está entrando en la cárcel de Tahiche,
en Lanzarote, para cumplir una sentencia de 6 meses, por el delito de tener construida parte de su vivienda, ubicada en el municipio de Betancuria, en un espacio rural protegido.

El caso ha tenido cierta relevancia en los medios a nivel nacional. Es lógico. A cualquiera con un poco de sentido de la humanidad, ni siquiera pido conciencia social, le parece una monstruosidad que está señora, con sus enfermedades, con una hija dependiente y nietos a su cargo, entre en una prisión por una condena menor de un año. Contendré al demagogo que habita en mí y borraré de mi mente el delito de odio que me inspira, por comparación, la imagen de Rato saltando del yate, con parada en el despacho del Ministro del Interior preocupado por la seguridad de su parentela, a la placidez de su piscina.

La imagen de la señora, la imagen de sus hijos, la imagen de la casa. Todo el conglomerado de impresiones de estos días nos muestran a una familia y a un hogar derribable muy humildes.

Nunca me he creído  que la justicia sea lo imposible. O sea, independiente. De entrada sé que eso no existe, aquí todo el mundo tiene ideología  y los jueces no se la dejan en casita cuando se ponen la toga. Y con la misma ley dos jueces dictan dos sentencias al menos con matices muy diferentes. Todos conocemos asuntos importantes que han llegado al Supremo o al Constitucional, y se han resuelto o con margenes estrechos o con votos particulares. La justicia es una enorme maquinaria. Y el encausado habitual, el pobre, el que no tiene medios para pagarse un ejército de leguleyos, como bien dijo una persona que salió fugazmente en televisión (lo lamento pero no sé quién era, no obstante la frase me pareció contundente y precisa y la reproduzco textualmente) siente lo siguiente: "Cuando uno no tiene medios, todo se hace un mundo y el sistema lo aplasta".

El problema en muchas ocasiones, yendo a la contra lo que se dice habitualmente, no es que la justicia no sea igual para todos. Viviendo en una sociedad de clases con enormes desigualdades y aplastamientos, si yo fuera juez no me plantearía jamás aplicarle la justicia con igual rigor a doña Josefa Hernández y sus necesidades perentorias, que a un magnate como Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que, condenado a tres años de cárcel por construir parte de su mansión en terreno protegido, y acorazado por su bien pagada hueste jurídica, tras apelaciones diversas y el pertinente derribo que en nada disminuye su peculio, hasta este momento en que doña Josefa ya está entre rejas, no ha pisado el trullo.